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Deberá Congreso definir alcances de reforma al artículo sexto constitucional
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Fecha:
27 de febrero del 2007
Reportero: Guadalupe Contreras
Fuente: Once Noticias
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Modificar la Constitución, es el siguiente paso para que la transparencia y acceso a la información se apliquen con un mismo criterio en todo el país.
Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública, dijo: “es necesario que los mexicanos tengamos la puerta de entrada a la información con igualdad de oportunidades independientemente de la región geográfica o independientemente de la condición social del peticionario”.
En los estados de Querétaro, Jalisco y Baja California Sur puede ser un delito por la resistencia de funcionarios a entregar información. En Chihuahua se considera una falta administrativa.
Sin embargo, el Congreso deberá definir los alcances de esta reforma al artículo sexto constitucional que de entrada presenta algunas excepciones.
Alonso Lujambio, presidente del IFAI, comentó: “básicamente con dos excepciones, la información reservada estrictamente por un tiempo, por razones de interés público que la ley va a tener que señalar y la información, por supuesto, de la vida privada que tiene que ser protegida, sistemáticamente protegida”.
La Comisión Permanente de Contralores expresó su respaldo a la reforma impulsada por gobernadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), mediante la declaración nacional que entregaron este martes al Congreso de la Unión.
María de Lourdes Nevárez, de la Comisión Permanente de Contralores, manifestó: “con una legislación acorde a los nuevos tiempos en materia de transparencia y rendición de cuentas, que motive la participación ciudadana, avanzaremos para revertir el sentir de la población en cuanto al fenómeno de la corrupción”.
La obligación de rendir cuentas evitará las faltas en que pudieran incurrir quienes se niegan a transparentar el ejercicio de sus funciones incluida información personal.
Miguel Carbonell, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló: “esto significa que los ciudadanos debemos tener la capacidad jurídica de conocer en todo momento la conducta de nuestros gobernantes, de otra manera, es imposible asignar responsabilidades a los malos funcionarios y recompensar a los buenos”.
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